Se lo busca en la “Frontera de la paz”…
Militar citado por muerte por torturas en 1972 no asistió a juzgado, se fugó y está prófugo en Brasil
El coronel retirado Pedro Antonio Mato Narbondo se “fugó” de Uruguay y estaría prófugo en la ciudad de Santana Do Livramento – Brasil, luego de haber citado por la jueza penal de 9º Turno, Blanca Isabel Rieiro, que investiga la muerte por torturas del militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Batalla Piedrabuena, ocurrida el 25 de mayo de 1972 en el Batallón de Infantería Nº 10 de Treinta y Tres.
Según una investigación del periodista Roger Rodríguez publicada en el portal Agesor de Soriano, el militar indagado estuvo radicado en la ciudad de Rivera con su actual esposa, pero recientemente se mudó a la vecina ciudad de Santana do Livramento.
Según Roger Rodríguez, Mato vino a vivir en la frontera al pasar a retiro en 1984 y consiguió trabajo en la Zona Franca de Rivera.
La causa de Batalla estaba archivada junto a un conjunto de casos y fue reactivada por iniciativa del Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por el caso Gelman.
Raúl Olivera, vocero de la organización, dijo que el Observatorio “aportó al juzgado la investigación parlamentaria sobre el caso y declaraciones de varios testigos provenientes de Treinta y Tres”. Olivera explicó además que “basta con remitirse al sumario realizado por la Justicia Militar” en ocasión de la muerte de Batalla, para notar “que surgen claramente las responsabilidades” de Mato en el hecho. “Se trata del oficial que fue enviado desde Montevideo para realizar los interrogatorios a Batalla”, agregó Olivera.
Pero Mato también figura en la lista de imputados de la causa sobre el Plan Cóndor que investiga el Tribunal de Roma a cargo del fiscal Giancarlo Capaldo, por violaciones a los derechos humanos contra 23 ciudadanos italianos, 13 de ellos nacidos en Uruguay, y que implica a 17 militares uruguayos. Por esta causa, la Justicia italiana ordenó la detención y captura de varios militares entre los que se encuentra Mato. Según informa Rodríguez, Mato habría quedado bajo requisitoria internacional de Interpol.
Investigación parlamentaria
La muerte de Batalla fue denunciada e investigada en el Parlamento en 1972 por el diputado del PDC Daniel Sosa Días y el caso motivó una interpelación al ministro de Defensa Nacional del gobierno de Juan María Bordaberry, el general Enrique Magnani (Partido Colorado), quien renunció al quedar probada la muerte del detenido por torturas en un cuartel.
Batalla era casado, tenía dos hijas y se desempeñaba como trabajador de la construcción. Fue detenido el 21 de mayo de 1972 y el 25 se le comunicó a su padre, subcomisario de la Policía de Treinta y Tres, que su hijo había muerto por un ataque al corazón, pero éste no padecía afecciones cardiovasculares.
Un edil del PDC denunció el hecho a las autoridades de su partido y entonces Sosa Días pidió ayuda a un par de médicos de Melo, quienes al examinar el cadáver consignaron en un acta que Batalla había sido atado y brutalmente golpeado.
Tras la presentación de la denuncia penal, el juez a cargo ordenó una autopsia y el médico forense dictaminó que la muerte se produjo por anemia aguda por ruptura del hígado.
Después de la comparecencia de Magnani, la Cámara de Diputados emitió una declaración reconociendo la existencia de torturas en el caso y exigiendo una investigación a fondo.
Pero Mato también confesó a la enfermera Haydeé Trías haber asesinado a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires en 1976. Trías contó en 1985 a la Comisión Investigadora sobre la muerte de ambos políticos, que la esposa de Mato, que era amiga suya, recurrió a su ayuda porque Mato estaba deprimido y necesitaba algún medicamento tranquilizante.
Cuando Trías lo fue a atender, Mato le confesó ser el autor de los asesinatos. Trías declaró ante la investigadora lo que Mato le dijo, pero la filtración de su testimonio, que apareció en ese entonces en la sección “El duende de la trastienda” del diario El País, motivó que los legisladores decidieran cerrar la comisión.
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