Estado evalúa dar apoyo económico a la familia del niño asesinado
Técnicos del Centro de Atención a las Víctimas se entrevistaron con los padres de Jonathan Estela. El 18 de noviembre convocan a una marcha nacional
Asentamiento dónde ocurrió el homicidio
El Ministerio del Interior, a través del Centro de Atención a las Víctimas, y el Ministerio de Desarrollo Social, estudian el caso del asesinato del niño Jonathan Estela para otorgarle a la familia apoyo económico.
Los técnicos se reunieron con la familia Estela. La idea es ayudarlos a buscar vivienda fuera del asentamiento Benedetti.
También los padres podrían cobrar una pensión especial para víctimas de delitos expedidas por el Banco de Previsión Social.
El grupo familiar se mudó a Maldonado Nuevo, a la casa de una tía del niño fallecido.
El 18 de noviembre a las 18 horas se realizará una marcha del silencio de una hora en busca de una “reflexión” de las autoridades sobre lo ocurrido.
La idea es que la movida sea nacional. La convocatoria es que haya una marcha en distintas partes del país. “En cada pueblo, en su propia plaza, juntarse con un cartelito, en silencio y sin protesta ni agresiones”, dijo Pablo Estela, tío de la víctima.
Los promotores de la medida reclaman a la jueza Patricia Borges que investigue el rol de unas de las madres de los menores.
La mujer fue interrogada por la Policía ante la sospecha de que ella encubrió el crimen. De acuerdo a la denuncia, lavó la ropa de ambos y les pidió que se mantuvieran callados. Después del episodio, los niños se fueron a jugar al fútbol y negaron todo contacto con Jonathan.
Pero la madre fue interrogada por la magistrada, quien decidió liberarla por falta de pruebas.
Fallo estará el día 27
La jueza penal de 10º turno de Maldonado, doctora Patricia Borges, dictará el próximo 27 de noviembre la sentencia en primera instancia.
El pronunciamiento determinará el período en el que el adolescente de 14 años autor del homicidio del niño Johnatan permanecerá privado de su libertad en dependencias del INAU.
Borges resolvió iniciar al adolescente “un proceso infraccional por la presunta comisión de una infracción gravísima calificada como un homicidio”. Por esta razón, se le aplicó una medida cautelar privativa de libertad en dependencias del INAU por un lapso de 60 días.
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