Unas 150 pensiones para familiares de víctimas trancadas en BPS
No se puede determinar de qué delito se trató cada caso, por falta o desprolijidad en información policial, y ello detiene el trámite. Una comisión estudiará caso a caso
BPS Rivera
Unas 150 personas solicitaron ante el Banco de Previsión Social la pensión para familiares de víctimas de delitos violentos, una ley aprobada en diciembre pasado. La norma prevé la reparación económica de los familiares de víctimas de fatales de delitos como copamiento, rapiña o secuestro.
Esas 150 solicitudes todavía se encuentran en trámite en el BPS. Subrayado consultó a Elvira Domínguez, integrante del directorio del BPS, quien explicó que el gran problema que encuentran para poder aprobar los pedidos es la tipificación del delito.
“De cada seccional de Policía viene un parte diferente, no queda tipificado claramente si se trata de una rapiña. En ningún caso está muy clara la redacción con respecto a la tipificación de los delitos, por lo que por ahora están todos en etapa de análisis”, afirmó la jerarca.
El BPS espera que un decreto apruebe la creación de una comisión integrada por el Ministerio del Interior, BPS y Poder Judicial para analizar caso a caso y poder decidir a quién le corresponde la pensión y a quién no. Hasta que esa comisión no se cree los casos están trancados.
El BPS estima que este año se podrá entregar esta prestación, pero se recuerda que aunque este es un beneficio retroactivo a 10 años el plazo vence en junio. Quienes no se presenten antes de esa fecha no podrán aspirar a recibirlo.
Uno de los casos que se está tramitando es el de Mónica, esposa de Alejandro Novo, asesinado en 2009 durante una rapiña. Ella reclamó la pensión y aguarda que se apruebe su reparación económica.
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