Gobierno presentó proyecto para rematar los activos de Pluna
Este es el proyecto de ley que envió el gobierno el Parlamento.
Pluna va a rematar siete aviones sobre una base de 135 millones de dólares, pero los disociará de las frecuencias aéreas en caso que el oferente así lo prefiera.
Los ministros de Economía, Fernando Lorenzo y de Transporte, Enrique Pintado, explicaron en conferencia de prensa que ambos activos de la empresa se podrán negociar juntos o por separado.
En principio lo que será llevado a remate en los próximos 120 días son los aviones que forman parte del patrimonio de Pluna. Los restantes seis que forman parte de la flota serán devueltos a Bombardier, ya que estaban siendo adquiridos por el mecanismo de leasing.
El nuevo propietario de los aviones tendrá la prioridad para adquirir también las frecuencias.
Lorenzo y Pintado explicaron que a la empresa que se quede con las frecuencias se le exigirá que tome a parte del personal de Pluna (son 720 empleados en total). Según se informó, el Poder Ejecutivo espera recolocar a unos 450 trabajadores en esta operación. Del total hay algunos que tienen causal jubilatoria y otros son funcionarios de Pluna Ente Autónomo, que seguramente serán derivados a otras áreas del Estado.
El gobierno envió ayer lunes de tarde al Parlamento un proyecto de ley para liquidar Pluna e iniciar el concurso de acreedores.
La norma tiene dos ejes, el envío a remate de los activos, y la aceleración de los plazos del concurso de acreedores. La ley vigente establece como plazo mínimo 90 días, pero a partir de los cambios que establece el proyecto, se establecerá un período de 30 días para lograr una rápida liquidación de Pluna.
Cierre
Los ministros señalaron que Pluna cierra por una combinación de factores: la imposibilidad de inyectar más dinero, la cesación de pagos y la posibilidad del advenimiento de juicios millonarios de ex empleados de la aerolínea Varig, asociada a Pluna entre 1995 y 2005.
Según el gobierno, en el caso hipotético de un juicio masivo que involucra a más de 6.200 funcionarios, el costo podría ascender a 3.500 millones de dólares.
Según el senador colorado, Pedro Bordaberry, quien consultó a los abogados del Estado uruguayo en Brasil, el costo del juicio no superaría los 50 millones de dólares que, con apelaciones y recursos, podría quedar en 15 millones.
El ministro Lorenzo aseguró que el Estado defenderá el crédito otorgado por Ancap y tratará de cobrar la deuda millonaria por el suministro de combustible, cerca a los 30 millones de dólares.
“Defenderemos el interés general. Trataremos de resolver el problema. No sirve de nada buscar culpables”, enfatizó el ministro respecto a las responsabilidades que señala la oposición.
Por su parte, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, espera que el proyecto de ley que se envió al Parlamento, resuelva el remate de las aeronaves que tenía la compañía aérea para que los acreedores y los créditos laborales de los trabajadores enviados al seguro de paro puedan cobrar sus haberes.
Pintado dijo que el Estado se hará cargo del mantenimiento de los aviones. El dinero se recuperará una vez que se cobre el remate de las aeronaves. El titular del MTOP dijo que el Estado asumió su responsabilidad como socio público dentro de la aerolínea, razón por la cual decidió el cierre de la empresa.
Según el secretario de Estado, la Justicia penal dilucidará si hubo actuaciones irregulares de los socios privados de Pluna SA.
Lorenzo aseguró que la situación de los trabajadores está contemplada en el proyecto que fue enviado al Parlamento, y dijo que el personal fue enviado masivamente al seguro de paro por causal de despido ante la liquidación de la empresa.
“El gobierno pretende que el proceso de liquidación sea ágil, transparente y en condiciones competitivas para que sea atractivo para la nueva concesionaria comience a operar rápidamente”, aseguró.
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